El Gobierno quita la competencia de Asuntos Sociales a los municipios y se la endosa a la Comunidad sin dotación presupuestaria adicional. Da un año para “racionalizar” esos servicios. Y transfiere también la educación infantil
Usted
probablemente no sepa quién paga la escuela infantil a la que lleva a
sus hijos o el sueldo del enfermero que asiste a sus ancianos padres.
Son servicios públicos. Se pagan con sus impuestos y con eso basta. Pero
¿qué sucedería si mañana desaparecieran? ¿De quién sería la culpa? ¿Del
Ayuntamiento, que ha dejado de prestarlos? ¿De la Comunidad, que ha
dejado de pagarlos? Puede que eso no suceda jamás, pero si ocurre,
vuelva la vista hacia el Gobierno. Siga leyendo y sabrá por qué.
“No lo vamos a poder hacer”, avisa la Comunidad
El
Ejecutivo autonómico ha recibido con mezcla de estupor y rechazo
absoluto la intención del Gobierno de transferir a las autonomías los
servicios sociales y la educación infantil de los 179 ayuntamientos de
la región. “Si el Estado no pone el dinero, no lo vamos a poder hacer”,
avisan en la Comunidad. “¿Acaso pretenden la asfixia de las autonomías?
Esta reforma, tal cual está, significa que los ciudadanos van a perder
servicios. Y las comunidades asumirán la culpa”, apostillan.
El
presidente regional, Ignacio González, conoció las intenciones de La
Moncloa, también gobernada por el PP, siguiendo por televisión la
comparecencia posterior al Consejo de Ministros. La decisión se adoptó
sin tener en cuenta a las autonomías. Sin informarlas. Manu militari. “Se
lo han guisado y se lo han comido sin consultar nada... La esperanza
que nos queda es que esto tiene una tramitación parlamentaria. Esperamos
que al menos se pueden modificar algunos plazos, las fechas de entradas
en vigor…”, afirman desde la Comunidad.
La
obligación de tener que asumir la financiación de esas partidas, una
carga inesperada en plena crisis y que además incumple los principios
del “coste cero” que, al menos sobre el papel, se iban a respetar en el
traspaso de competencias entre Administraciones, deja al Gobierno
regional en una situación muy incómoda. “Compartimos la filosofía del
anteproyecto de Una Administración, una competencia, pero cada una de ellas tiene que estar financiada”, observó el número dos de González, Salvador Victoria.
El
consejero de Presidencia y Justicia resalta que asumir esas nuevas
obligaciones es “inviable a corto plazo”. “Hay muchas competencias
duplicadas, pero es inviable que venga a las comunidades cualquier nueva
competencia que no esté financiada”, añade el consejero de Economía y
Hacienda, Enrique Ossorio, que vuelve a reivindicar al Estado una
revisión del sistema de financiación autonómica.
“No
puede ser que la Administración regional asuma servicios que antes
daban los municipios, que los daban precisamente porque los financiaba
la Administración central”, insisten desde el Ejecutivo madrileño.
Las
críticas al anteproyecto de ley aprobado el viernes también son
contundentes desde IU. “Esta reforma es un golpe total al municipalismo,
pretende convertir a los Ayuntamientos en los paganini de esta
crisis, el pretexto con que se desguaza la autonomía municipal y se
refuerzan las burocráticas”, denuncia su coordinador general en Madrid,
Eddy Sánchez. “Quieren acabar de golpe con el despliegue de inversiones y
servicios públicos que han mejorado la calidad de vida de decenas de
millones de ciudadanos. Todo para convertir a los Ayuntamientos en
terminales administrativas, periféricas, meras delegaciones de las
comunidades autónomas y del Gobierno”, concluye Sánchez.
La mayoría de ellas ya estaban fijadas en
la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. A partir de esta
norma, de 1985, los municipios fueron acumulando con el paso de los años
un sinfín de competencias adicionales por la vía de los hechos
consumados: había dinero, y reportaba votos. La gran depresión les pilló
con el pie cambiado, y dejó a muchos al borde de la bancarrota. El
Gobierno de Mariano Rajoy (PP) apuntaló el año pasado las finanzas
municipales con medidas extraordinarias, pero fue el viernes cuando puso
la primera piedra de una reforma local merecedora de tal nombre.
Reforma que, al contrario de lo que solicitaban los Ayuntamientos, no
pasa por reforzar la financiación sino por limitar los gastos (y
servicios).
Efectivamente, el anteproyecto recoge la
mayoría de competencias municipales de la ley de 1985, pero no todas:
elimina “la prestación de los servicios sociales y de promoción y
reinserción social”, limitando la función de los Ayuntamientos a la
“evaluación e información de situaciones de necesidad social, y la
atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión
social”. “La prestación de los servicios sociales y de promoción y
reinserción social” pasa a ser responsabilidad de las comunidades
autónomas. Por acuerdo mutuo, podrán delegar en los Ayuntamientos, pero
serán ellas las que sufraguen esos servicios.
El anteproyecto de ley aprobado el viernes
establece un plazo de un año para que las autonomías asuman la cobertura
de esas prestaciones, o cuando menos su financiación. Y deja en sus
manos “establecer a partir de ese momento las medidas que consideren
necesarias para la racionalización del servicio”. Es decir, los recortes
que deseen. Porque el Gobierno es muy claro en una cosa: no habrá
financiación adicional. Deja abierta eso sí, aunque sin enunciarla, la
posibilidad a detraer parte del dinero que se transfiere a los
Ayuntamientos cada año para compensar el cambio de competencias. En caso
de no avanzar por este camino, las autonomías, que apenas pueden pagar
sus facturas ya, deberán hacerse cargo de los servicios sociales
municipales sin financiación adicional. O eliminarlos.
En el caso de la Comunidad de Madrid (PP),
el presupuesto de la Consejería de Asuntos Sociales asciende en 2013 a
1.249 millones de euros, el 8% del total. ¿Cuánto supondría aglutinar el
gasto municipal? Las principales ciudades de la región por población
son Madrid (3.213.000), Móstoles (206.000), Alcalá (204.000),
Fuenlabrada (199.000), Leganés (184.000), Getafe (169.000), Alcorcón
(169.000), Parla (121.000), Torrejón (116.000) y Alcobendas (110.000).
Suman 4,7 millones de personas, el 72% de la población de la región.
Tomándolas como referencia, se puede aproximar el gasto adicional para
la Consejería de asumir los servicios sociales municipales. Encabezados
por la capital, donde más de 50.000 personas reciben ayuda a domicilio y
137.000 cuentan con asistencia telefónica, estas ciudades suman 530
millones de euros en esta área. Asumir esa cantidad supondría un aumento
del 42% sobre el presupuesto regional de asuntos sociales.
Pero no sería ese el único gasto adicional
cargado contra las cuentas regionales por esta nueva división de
competencias. Entre las funciones que los Ayuntamientos han ido sumando
sin cobertura normativa en los últimos 30 años, hay varias que, pese a
que los ciudadanos las ven ya como fundamentales, no podrán seguir
ejerciendo a partir de la aprobación de la nueva ley. Dos de ellas son
especialmente llamativas: los servicios de emergencias sanitarias y las
escuelas infantiles. El Samur es un pilar fundamental del Ayuntamiento
de Madrid. Tanto es así que lo defiende como competencia propia
acudiendo a su labor de protección civil. Pero es un servicio médico, y
como tal debería recaer en la Comunidad. Hasta ahora, la alcaldesa, Ana
Botella (PP), y el presidente regional, Ignacio González (PP), parecían
inclinarse por que el Samur siguiera en manos municipales, ampliando sus
labores al interior de las viviendas (hasta ahora, sólo actuaba en la
vía pública); el Summa regional dejaría de hacerlo y se concentraría en
dar servicio al resto de municipios. El presupuesto del Samur es de 47
millones de euros. Perder ese servicio supondría un fuerte daño político
para el Ayuntamiento de la capital.
Pero la Comunidad debería asumir muchos
otros, entre ellos las escuelas infantiles. En este caso, el periodo de
adaptación sería mayor: cinco años, a un ritmo del 20% por ejercicio; de
nuevo, las autonomías “podrán establecer las medidas que consideren
necesarias para la racionalización del servicio”. En concreto, durante
el primer año deberán elaborar “un plan de evaluación y reestructuración
de los servicios”.
O sea: más recortes.La partida regional para Educación Infantil, Primaria y Especial es de 1.390 millones de euros, sobre un total en esa área de 4.230 millones, algo más de un cuarto de todo el presupuesto de la Comunidad. La capital tiene 55 escuelas infantiles, con una oferta de 7.059 plazas, que ascienden a 8.232 sumando las concertadas. Su partida de preescolar y primaria es de 28,4 millones. Los diez municipios con mayor población suman un gasto total en esta área de 90 millones. A esta cifra habría que sumar el coste de la vigilancia y mantenimiento de todos los centros escolares, ahora en manos municipales.
Sumados todos los costes de las transferencias de competencias ordenadas por el Estado, se aproximarían o incluso superarían los 1.000 millones de euros que pusieron en pie de guerra a la Comunidad contra el Gobierno central a finales del año pasado. El Gobierno de Ignacio González reclamaba esa financiación adicional, que le fue negada por el Ministerio de Hacienda. Eso sirvió a la Comunidad para justificar nuevos recortes y la profundización en el modelo de privatización de la Sanidad pública.
¿Podrán los Ayuntamientos seguir prestando servicios sociales, aunque no sean de su competencia? Sí, si la Comunidad los delega y financia. En caso contrario, será extremadamente difícil, puesto que deberían justificar ante el Gobierno regional que no constituyen una duplicidad respecto a sus competencias; y ante el Ejecutivo central que no pone en riesgo la prestación del resto de servicios municipales, muy dañados en estos años de crisis.
El próximo gran recorte social ya está en marcha.
Bajadas... y subidas de sueldo para los alcaldes
El Anteproyecto de Ley aprobado por el Consejo de Ministros está trufado de pactos consigo mismo. Establece por ejemplo una limitación de sueldo para los alcaldes, pero de aquella manera.En principio, las ciudades de más de medio millón de habitantes, como Madrid, podrán pagar a su regidor el mismo sueldo que un secretario de Estado. Ese es precisamente el nivel que fijo el anterior, Alberto Ruiz-Gallardón (2003-2011). En la actualidad, asciende a 102.000 euros. Es el sueldo de un secretario de Estado, sí, pero sumando todos los complementos. Sin ellos, se quedaría en unos 67.000 euros.
El resto de alcaldes de la región cobrarán un 20% menos en municipios de 150.000 a 300.000 habitantes; un 25% menos en los de 75.000 a 150.000; un 35% menos en los de 50.000 a 75.000; y así, sucesivamente, hasta llegar a un 80% en los de 1.001 a 2.000. Los de menos de mil habitantes no tendrán retribución.
El anteproyecto limita también el número de concejales con dedicación exclusiva y sueldo íntegro. En el caso de la capital, serán 45 de los 52 que define la ley electoral. En la actualidad, ganan al menos 62.000 euros. Para los miembros del Gobierno local, sube a 94.000 euros.
Los otros 12 concejales cobrarán parte del sueldo; y si se les permite (ahora está prohibido), dietas por ir a plenos. En el resto de municipios, los ediles con dedicación exclusiva dependerán de la población.
Me encantó la temática del artículo y su contenido.
ResponderEliminarMuchas gracias y felicidades